La Fundación Edad&Vida, entidad centrada en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, impulsa el “I Foro de Envejecimiento”. Un ciclo de seminarios web con enfoque divulgativo, dirigido específicamente al sector empresarial, y que tendrá lugar los días 27 de mayo, y 3, 9 y 17 de junio en formato virtual.
El objetivo del Foro es debatir conjuntamente sobre las soluciones, productos y servicios que ofrece el tejido empresarial para dar respuesta a los retos, necesidades y oportunidades de desarrollo futuro que implica el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, una realidad que seguirá aumentando en los próximos años.
Tal y como explica María José Abraham, directora de la Fundación Edad&Vida, “el Foro de Envejecimiento nace con la voluntad de convertirse en punto de encuentro y reflexión para avanzar hacia un modelo de sociedad en el que los diferentes agentes, empresas y entidades, tanto públicas como privadas, trabajen de forma coordinada para dar respuesta a las necesidades y deseos de las personas mayores. El envejecimiento de la población requiere de respuestas innovadoras y en red, eficaces, sostenibles, y que garanticen un óptimo bienestar y calidad de vida de las personas mayores”.
El Foro constará de 8 sesiones, de hora y media de duración (2 por jornada), en la que se abordarán temas clave junto a representantes del mundo empresarial, económico, social e institucional.
Repercusiones del envejecimiento en la economía española y Desarrollo del II Pilar
El “I Foro de Envejecimiento” arrancará el jueves 27 de mayo con la sesión inaugural “Repercusiones del envejecimiento en la economía española” (10h-11:30h), en la que se contextualizará la dimensión global y el impacto social y económico que implica el cambio demográfico, así como los retos y oportunidades, presentes y futuras, que representa el envejecimiento de la población. Esta primera sesión contará con la participación de Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España; Julio Pérez, demógrafo del CSIC; e Iñaki Ortega, profesor de la UNIR y autor del libro “La Revolución de las Canas”.
Posteriormente, de 12h a 13:30h, tendrá lugar la sesión “El futuro del sistema de pensiones: Desarrollo del II Pilar”, donde se abordará la necesidad de disponer de un sistema público de pensiones eficiente, solidario y solvente con capacidad para garantizar rentas dignas para las personas mayores. Un reto que los países con un Estado del Bienestar consolidado afrontan con una visión clara y consensuada: desarrollar el II Pilar para que el sistema sea sostenible y garantice el bienestar individual y colectivo.
Esta segunda sesión arrancará con una ponencia de Israel Arroyo Martínez, Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Posteriormente se celebrará un debate entre representantes sindicales, empresariales y patronales, moderado por Carles Campuzano, ex portavoz de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
Temas clave para el resto de las jornadas
Las tres jornadas restantes se celebrarán los jueves 3 y 17 de junio, y el miércoles 9 de junio, y en ellas se abordarán los siguientes temas clave:
- Monetización del ahorro inmobiliario
- Tecnología aplicada al envejecimiento
- Alimentación de las personas mayores
- El futuro de los cuidados de larga duración
- Envejecimiento saludable
- Autocuidado, atención domiciliaria y ambulatoria
Todas las sesiones contarán con una primera ponencia de algún/a experto, seguida de un debate con diferentes empresas y entidades del sector salud, sociosanitario, tecnológico, financiero, alimentario o de los seguros. El “I Foro de Envejecimiento” es gratuito, previa inscripción a cada una de las diferentes sesiones, en el siguiente enlace: CALENDARIO E INSCRIPCIONES
Noticia original publicada el 13 de mayo de 2021 en Dependencia.info
Hoy en día, el cuidado en el entorno familiar sigue siendo la preferencia ideal de las personas en situación de dependencia y/o vulnerabilidad. Teniendo en cuenta este aspecto, desde las diversas administraciones públicas y entidades relacionadas con los cuidados sociosanitarios se apuesta claramente por desarrollar la atención en el propio domicilio de la persona para proveer los cuidados especializados que precise y tratar de retrasar, de esta manera, la salida de su entorno habitual.
Esta apuesta por los cuidados en el entorno habitual de la persona implicará, necesariamente, la corresponsabilización y esfuerzo de los miembros del entorno afectivo con los que convive la persona receptora de los cuidados. Además, es de sobra conocido que gran parte de la responsabilidad de los cuidados -algunos estudios señalan hasta el 90% del tiempo de los mismos- recae en las mujeres de su familia siendo las proveedoras efectivas de los cuidados y apoyos que la persona precisa para desarrollar su proyecto de vida y, en ocasiones, con la ayuda de otras cuidadoras no profesionales contratadas específicamente para ello. Son ellas quienes supervisan, coordinan y gestionan los cuidados integrales de las personas a su cargo y, todo ello, sin dejar de encargarse de la organización de las tareas domésticas o de otras responsabilidades laborales o de cuidados del resto de miembros de la familia.
Es preciso tener en cuenta que esta responsabilidad tiene efectos negativos. Se han señalado, incluso, diversas afectaciones en su salud física y bienestar emocional y salud mental, en sus relaciones sociales, en su autocuidado, en su disponibilidad de tiempo libre, y en la capacidad de impulsar y priorizar proyectos vitales propios. La evidencia científica existente corroboraría el peor estado de salud entre las mujeres en cuestiones relacionados con el desempeño prolongado de los cuidados que proporcionan.
En cuanto a las necesidades, diversos estudios señalan la falta de preparación y formación específica para proveer los cuidados más básicos o enfrentarse a los diferentes aspectos relacionados con ellos, tanto a nivel psicológico como a nivel práctico. No obstante, a pesar de esta falta de habilidades y conocimientos, las cuidadoras son las principales responsables, en gran medida, de los cuidados físicos, adherencia a tratamientos, bienestar emocional y del mantenimiento de la dignidad de la persona a la que cuidan. En definitiva, de mantener y mejorar su calidad de vida en la medida de lo posible.
Todo ello justifica la necesidad de desarrollar diferentes iniciativas dirigidas a acompañar a las familias en esta tarea, a mitigar los efectos negativos de esta responsabilidad y a satisfacer las necesidades detectadas. El objetivo final es garantizar las mejores condiciones posibles para que las personas que lo necesiten puedan recibir un cuidado digno y de calidad, sin que ello implique una disminución en la calidad de vida y bienestar personal de sus cuidadoras. En Fundación Edad&Vida, gracias a la estrecha colaboración que tenemos con diferentes entidades, públicas y privadas, cuya labor está relacionada de algún modo con la satisfacción de necesidades sociosanitarias y provisión de apoyos a las personas en situación de dependencia apostamos por el desarrollo de este tipo de iniciativas formativas, apostamos por profesionalizar los cuidados. La calidad de nuestra sociedad también se debe basar en los servicios que se prestan a las personas en situación de vulnerabilidad. De esta forma, consideramos que el apoyo y el acompañamiento a los cuidadores debe ser una parte significativa de nuestros valores como sociedad.
Este artículo forma parte del Dosier Corresponsables: Día Internacional de las Personas Cuidadora
En nombre del Comité de programa del VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida y del equipo de la Fundación Edad&Vida, agradecemos la asistencia y participación de todos los ponentes, congresistas y a las entidades que nos han ayudado a celebrarlo.
Esta edición tenía lugar en un momento clave para un cambio de visión y dirección en los cuidados de larga duración. Así, nuestro principal objetivo era compartir experiencias e identificar aspectos claves que pudieran servir como hoja de ruta para el futuro de los cuidados de larga duración. Confiamos haber contribuido a ello y que los contenidos hayan sido de su interés y utilidad.
Así, nos complace informar que desde el martes 2 de noviembre hasta el jueves 2 de diciembre de 2021 se podrá acceder y visionar todo el contenido del programa en la web del VIII Congreso, accediendo a través del “Área Personal” e introduciendo su usuario y contraseña recibidos al formalizar la inscripción. Una vez dentro, podrá seleccionar el apartado “Congreso Offline” y clicando sobre el título de cada actividad podrá visualizar el vídeo.
Fundación Edad&Vida.
Hemos preguntado a las administraciones públicas que colaboran en el VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre cuáles son las lecciones aprendidas en materia de atención sociosanitaria a nivel estatal y cuáles serán los desarrollos futuros en esta materia, con especial énfasis en las políticas que se aplicarán.
“Se ha puesto de manifiesto la importancia de avanzar hacia programas de integración de servicios sociales y sanitarios, con una gestión de casos reforzada y especializada, integrando los diversos apoyos que requieren las personas en situación de dependencia”.
Lluïsa Moret i Sabidó Presidenta del Área de Igualdad y Sostenibilidad Social. Diputación de Barcelona |
El impacto de la pandemia entre las personas en situación de dependencia requiere un análisis desde la perspectiva del cambio de paradigma en la demanda de servicios, con un aumento de la atención domiciliaria con perspectivas de consolidarse en el futuro. Así pues, para afrontar la demanda creciente de atención de curas en el domicilio, habrá que incorporar algunos aprendizajes de la etapa COVID. En este sentido, tenemos una buena oportunidad para consolidar y poner los cimientos para una organización cooperativa de los dos sistemas, sanitario y social, y construir un modelo de curas que vele por una atención centrada en la persona y para garantizar la continuidad asistencial cuando las personas utilizan diferentes recursos.
Hay que partir del hecho que la aparición de la pandemia afectó gravemente la atención residencial, entre otros factores, por carencias de coordinación entre el sistema sanitario y el de atención social. Durante este año y medio se han ido racionalizando y optimizando los recursos disponibles para dar una respuesta más ágil y eficaz a las necesidades sanitarias de los centros y para implementar medidas preventivas contra la COVID-19 con éxito. Hace falta, pero, evitar la excesiva “sanitaritzación” de los centros y buscar el punto óptimo para una vida residencial de calidad para las personas atendidas, que ponga la persona en el centro. La obligada coordinación sociosanitaria en los centros residenciales ha puesto de manifiesto el gran potencial que puede tener la acción compartida de los dos sistemas.
A la vez, durante este periodo marcado por la COVID-19 se han puesto en valor los servicios de proximidad y comunitarios en la respuesta a necesidades de curas y preventivas. La mayoría de municipios de la provincia de Barcelona, durante el confinamiento, hicieron un seguimiento telefónico periódico a todas las personas usuarias del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y también en muchos casos a todas las que tienen un Programa Individual de Atención (PIA) no residencial, e incluso a todas las personas grandes del municipio. En este sentido, el Servicio Local de Teleasistencia tuvo un papel clave con una mayor intensidad del seguimiento y con un nuevo servicio especial de atención en la población no usuaria, así como protocolos de atención adaptados para atender las necesidades provocadas por la COVID- 19. Este servicio representó así una de las iniciativas que tuvieron un gran impacto social y de apoyo sanitario durante la pandemia. En este sentido el proceso, actualmente en curso, de digitalización de la teleasistencia abre una puerta a seguir fortaleciendo la intervención sociosanitaria en el ámbito de la transformación digital de las curas al domicilio, a través de las posibilidades de monitorización de la salud y el bienestar, la detección temprana de riesgos y la intervención integrada entre la teleasistencia y la monitorización clínica.
También hay que hacer mención a la capacidad de los municipios de la provincia de Barcelona en el periodo COVID de atender urgencias y de aumentar la intensidad de los servicios de atención a domicilio, sobre todo de personas que ya no podían recibir el apoyo habitual de su entorno. A la vegada, se han articulado respuestas a un incremento de las necesidades vinculadas a personas cuidadoras no profesionales que han vivido una situación de mayor agotamiento.
De la situación de emergencia se han empezado a derivar cambios en la prestación del SAD que pasan por una flexibilidad ante situaciones imprevistas y urgencias, así como la posibilidad de hacer una atención vía telemática para determinados usuarios o de forma complementaria. También nos encontramos con un aumento de los entes locales que apuestan por el trabajo en equipos de territorio, como modelo de trabajo que beneficia la persona usuaria y potencia las capacidades de las profesionales de atención directa, y que favorece a la vez la coordinación sociosanitaria y una intervención más comunitaria. Crecen, pues, las experiencias que apuntan hacia un modelo más integrado de atención en el domicilio.
A la vez, programas de atención a personas cuidadoras no profesionales como el Respiro residencial que ofrece la Diputación de Barcelona han fortalecido la apuesta por la integración sociosanitaria estableciendo nuevos procedimientos que refuerzan la cooperación entre los equipos asistencial y sanitario y la orientación hacia el modelo de atención centrada en la persona. Durante la pandemia, se inició una colaboración con el Consorcio Sanitario de Barcelona del CatSalut que facilitó la coordinación y cooperación del sistema sanitario público con la organización y el funcionamiento de los centros residenciales. Desde semillas, el Centro Residencial de Estancias Temporales para gente mayor de la Diputación de Barcelona forma parte del grupo de 24 residencias públicas de la ciudad de Barcelona que participan en el programa piloto para la implementación del modelo AS2R-BCN (Atención sanitaria y social integrada a las residencias de Barcelona).
Se ha puesto, pues, de manifiesto la importancia de avanzar hacia programas de integración de servicios sociales y sanitarios que, mediante una gestión de casos reforzada y especializada, permitan integrar los diversos apoyos que necesitan las personas en situación de dependencia a sus domicilios, desde servicios de ayuda domiciliaria a ayudas técnicas, servicios sanitarios o de enfermería a domicilio, servicios y recursos de apoyo a las personas cuidadoras, prestaciones económicas, etc. La articulación del conjunto de programas y recursos de apoyo a las personas dependientes que residen en el domicilio, con una perspectiva integral y desde la óptica de la atención centrada en la persona, supone uno de los mayores retos porque la permanencia al domicilio de forma conectada con la comunidad sea una opción para casos de necesidades más intensivas o complejas a lo largo de todo el ciclo de vida. Por lo tanto, con una coordinación eficiente de los recursos tenemos que poder optimizar la atención compleja y de larga duración. Hay que seguir apostando por estas experiencias piloto con el objetivo de avanzar hacia un modelo más amplio y compartido de integración sociosanitaria en la comunidad con una mayor participación de las personas con necesidades de curas y en el marco de una apuesta por la sostenibilidad y cohesión social en los barrios y municipios.
Hemos preguntado a las administraciones públicas que colaboran en el VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre cuáles son las lecciones aprendidas en materia de atención sociosanitaria a nivel estatal y cuáles serán los desarrollos futuros en esta materia, con especial énfasis en las políticas que se aplicarán.
“La coordinación sociosanitaria debe plantearse como objetivo prioritario de las administraciones y la coordinación, integración y complementariedad entre los múltiples niveles de intervención (instituciones sociales, sanitarias, públicas, privadas) deben ser la base para una gestión completa ante las necesidades de la población.”
Juan Carlos Pérez Aguilar, Director General, Dirección General de Mayores, Ayuntamiento de Madrid. |
El panorama actual muestra a personas mayores que han sufrido problemas de salud o enviudado, sufriendo un duelo que muchas veces no ha sido el adecuado, con afectación también de los cuidadores y las cuidadoras. El distanciamiento social, la soledad de los días de confinamiento puede haber ocasionado que muchas de ellas no se sientan con valor y fuerza para volver a sus rutinas diarias, lo que podría causar aislamiento social, si no se detectan y se ponen las medidas adecuadas lo antes posible.
En este contexto actual de pandemia, soledad, envejecimiento y cronicidad, la coordinación sociosanitaria debe plantearse como objetivo prioritario de las administraciones y la coordinación, integración y complementariedad entre los múltiples niveles de intervención (instituciones sociales, sanitarias, públicas, privadas) deben ser la base para una gestión completa ante las necesidades de la población.
El Ayuntamiento de Madrid, ante las situaciones detectadas en los últimos tiempos, puso en marcha una batería de medidas que fueron recogidas en los denominados Acuerdos de la Villa, resultado de un intenso esfuerzo de negociación de todos los grupos municipales con la sociedad civil cuyo objetivo es avanzar en los derechos sociales de las personas más vulnerables, e incentivar la actividad económica tras la pandemia.
Asimismo, merece la pena señalar las actuaciones coordinadas realizadas entre el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar social y el organismo autónomo Madrid Salud, encargado de la gestión de las políticas municipales en las materias de salud pública, para la colaboración en la ejecución de medidas en materia de servicios sociales y salud, al encontrarse ambas partes comprometidas con la coordinación sociosanitaria y el enfoque de atención centrado en la persona y la comunidad. Hay que destacar que la colaboración sociosanitaria municipal se hizo patente durante la pandemia con el refuerzo sanitario a los dispositivos de alojamiento, la gestión de los brotes en centros de día, las vacunaciones al personal prestador de los servicios o el acompañamiento al duelo y tantas otras situaciones de vulnerabilidad de nuestro sistema ante una situación tan dramática. Ello sin desdeñar la atención prestada por el sistema sanitario de la comunidad o los profesionales de nuestros programas y servicios pertenecientes a este sector. Esta colaboración entre ambas áreas se va a ver plasmada en un convenio que dé solidez y continuidad a todas las actuaciones a desarrollar.
Aún bajo la influencia de la COVID, muchas de las medidas recogidas en los Acuerdos de la Villa están relacionadas con la seguridad de los entornos, la vigilancia epidemiológica o los planes de contingencia y protocolos, aunque también tienen cabida otras de promoción del envejecimiento activo.
Otro punto fundamental es el abordaje de la soledad, emocional o relacional, fenómeno creciente que se ha puesto aún más de manifiesto con la pandemia, con actividades conjuntas de prevención universal, indicada y selectiva, tanto a nivel individual como comunitario.
Destacamos también la creación de los equipos distritales de atención a personas mayores vulnerables cuya función es analizar los casos de personas mayores supuestamente vulnerables, en riesgo, con necesidades sociosanitarias no cubiertas, en los que participarán, junto a los trabajadores sociales, los sanitarios de Madrid Salud.
Pero no debemos continuar con actuaciones puntuales puestas en marcha desde el voluntarismo; es el momento improrrogable de definir un modelo de atención sociosanitaria integral con bases homogéneas en todo el territorio nacional. Lo vivido durante la pandemia nos obliga.
Hemos preguntado a las administraciones públicas que colaboran en el VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre cuáles son las lecciones aprendidas en materia de atención sociosanitaria a nivel estatal y cuáles serán los desarrollos futuros en esta materia, con especial énfasis en las políticas que se aplicarán.
“En la Comunidad de Madrid, tras una primera fase reactiva a la situación generada se produjo una sensibilización del sistema sanitario hacia las necesidades clínicas de las personas mayores institucionalizadas, se establecieron vínculos entre los profesionales de ambos entornos asistenciales y las autoridades sanitarias dieron instrucciones dirigidas a mejorar la coordinación y suprimir la fragmentación de los cuidados previa.”
Francisco Javier Martínez Peromingo, Director General de Coordinación Socio-Sanitaria. Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid |
En España existen cerca de 367.000 plazas residenciales para personas mayores (PPMM) con una ocupación del 80%, con lo que casi 300.000 personas viven en ellas si bien estos centros tienen una característica predominante y es la marcada heterogeneidad de estos centros.
El estudio de la Fundación Edad y Vida que describe las características clínicas de sus residentes nos mostraba que los usuarios de estos centros tienen una elevada pluripatología (76% de los casos tienen ≥ 3 diagnósticos activos) y polifarmacia (el 66% toman ≥ 7 fármacos), inestabilidad clínica (cada año el 38% son derivadas a Urgencias) y terminalidad (el 43% fallecen durante el año). Al ingreso, 63% padecen deterioro cognitivo, 45% dependencia severa para las actividades básicas de la vida diaria, 55% malnutrición o riesgo de ella y 18% úlceras por presión.
En 2019 el Informe del Defensor del Pueblo de 2019 ya afirmaba que resultaban necesarias reformas normativas de alto alcance que garanticen a los mayores el ejercicio de sus derechos y que se prestase una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales. Se destacaban en ese Informe, la dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros, la escasez del número de plazas públicas, la necesidad de un aumento presupuestario y de incrementar las cifras de personal y su cualificación, así como la falta de regulación de un modelo Sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia.
Así pues, el panorama residencial ya mostraba múltiples problemas en condiciones habituales y sus carencias se agudizaron mucho más ante la llegada de la pandemia.
La situación sanitaria que provocó la pandemia de COVID-19 generó en el mundo una tensión que estuvo a punto de colapsar los servicios de salud y que puso en evidencia sus puntos débiles. Las personas mayores residentes en instituciones fueron víctimas frecuentes del nuevo virus. Incidieron en ellas una serie de coincidencias (institucionalización, fragilidad, dependencia de cuidados, enfermedades importantes) que los hicieron más vulnerables. Pronto se supo que el aislamiento de los casos sintomáticos no era suficiente, sino que había que hacer test a mayores asintomáticos, muy escasos entonces. Además, las personas mayores presentaban manifestaciones clínicas diferentes de las típicas, que dificultaban el diagnóstico. Las tasas de contagio nosocomial se dispararon en algunos centros y, aún peor, la letalidad de la infección también lo hizo.
En la Comunidad de Madrid, tras una primera fase reactiva a la situación generada se produjo una sensibilización del sistema sanitario hacia las necesidades clínicas de las personas mayores institucionalizadas, se establecieron vínculos entre los profesionales de ambos entornos asistenciales y, las autoridades sanitarias dieron instrucciones dirigidas a mejorar la coordinación y suprimir la fragmentación de los cuidados previa.
De esta manera se crearon dos figuras relevantes. Por un lado, la creación de la figura del geriatra de enlace, identificando en todos los hospitales un equipo referente para los centros sociosanitarios de su zona y, por otro lado, y formando unidades de trabajo con los geriatras y los responsables de salud pública de cada área, las unidades de atención a residencias (UAR) de Atención primaria.
Durante los meses posteriores a la primera ola y teniendo en mente los problemas que el aislamiento produce en las personas mayores institucionalizadas, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acometió un estudio de seroprevalencia, mediante obtención de niveles de inmunoglobulinas (IgG) y Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), que se ofreció a todos los residentes y profesionales de las residencias e instituciones para discapacitados de la Comunidad Autónoma y fue coordinado por la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. Probablemente se trate del estudio más amplio en esta población, pues incluyó 517 centros sociosanitarios en los que se analizó a 55.542 personas. Los resultados globales arrojaron una tasa de seroprevalencia (IgG positiva) del 53% entre los residentes y del 37% entre los trabajadores. Se clasificó a los centros en tres categorías: inmunidad alta (> 70% de residentes seropositivos) el 26% de los centros, inmunidad media (del 50% al 70% de residentes seropositivos) el 28% de los centros e inmunidad baja (≤ 50% de residentes seropositivos) el 46% restante estableciéndose posteriormente una serie de criterios en relación con las salidas del centro y las visitas en función de estos resultados.
Todas estas medidas, si bien no aportan la solución de todos los problemas, si añaden un plus a la situación previa en la que la desconexión entre niveles y la fragmentación de cuidados constituían la práctica habitual.
Por todo ello, es urgente y necesario, el desarrollo de fórmulas organizativas que permitan la provisión de los servicios de forma coordinada y sinérgica, articulando los dispositivos sanitarios y sociales ya existentes de un modo eficaz, que den respuesta al nuevo modelo residencial que se quiere instaurar.
La Comunidad de Madrid está ya trabajando en este cambio del modelo hacia uno que incluya una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora.
Creemos que, si bien debemos entender a las residencias de personas mayores como los hogares de estas personas, no podemos vivir de espaldas al hecho de que el principal motivo por el que ingresa alguien en estos centros es la imposibilidad de mantenerse en el domicilio y que presentan problemas de salud cada vez más complejos, con alta demanda de atención sanitaria en muchos casos y con necesidad de cuidados multidisciplinares que se unen a la necesidad de recursos sociales.
Para ello, es fundamental establecer un sistema normativo y de financiación para la transformación, disminuyendo la fragmentación entre lo social y lo sanitario.
Más allá de los cambios que necesariamente deberá abordar a nivel estructural de los centros como el tamaño de los mismo o la transformación hacia unidades de convivencia desde el punto de vista sanitario será necesario:
– Establecer un Programa de Atención Domiciliaria a las residencias coordinado con AP, geriatría de enlace, Cuidados Paliativos Domiciliarios y Enfermería de Continuidad asistencial.
– Generalizar la cobertura geriátrica en los hospitales de agudos.
– Mejorar la derivación a las unidades de media estancia o convalecencia de aquellos pacientes que se benefician de su atención iniciando una transformación de los actuales hospitales de media estancia e,
– Implementar unidades de larga estancia en el sistema sanitario, estableciendo los criterios de derivación, perfiles de pacientes, coordinación entre los distintos recursos, estructura, funcionamiento.
Hemos preguntado a las administraciones públicas que colaboran en el VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre cuáles son las lecciones aprendidas en materia de atención sociosanitaria a nivel estatal y cuáles serán los desarrollos futuros en esta materia, con especial énfasis en las políticas que se aplicarán.
Violant Cervera Gòria, Consejera de Derechos Sociales. Generalitat de Catalunya.
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“Hemos aprendido que la atención conjunta social y sanitaria es imprescindible para dar la mejor atención a las personas en estas situaciones, así como hemos constatado que el trabajo de los diferentes profesionales que intervienen se enriquece en el momento que se realiza una intervención transversal.”
Desde el inicio de la pandemia y hasta ahora, el trabajo conjunto social y sanitario nos ha permitido poder afrontar las situaciones sobrevenidas, así como avanzarnos con planteamientos preventivos y proactivos para responder con más seguridad los diferentes momentos de gestión de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 tanto en el ámbito residencial como en los centros y servicios de atención diurna o en el ámbito domiciliario. Hemos aprendido que la atención conjunta social y sanitaria es imprescindible para dar la mejor atención a las personas en estas situaciones, así como hemos constatado que el trabajo de los diferentes profesionales que intervienen se enriquece en el momento que se realiza una intervención transversal, a la vegada que la respuesta a las necesidades de los que atendemos es mejor y más efectiva. Un ejemplo claro han sido los equipos de trabajo conjuntos en los centros residenciales que han hecho tanto atención en el momento de brote, como prevención, asesoramiento, formación y acompañamiento en los centros residenciales, los cual también han tenido un papel claro con la suya pro actividad y dedicación. La experiencia que hemos adquirido en este periodo se tiene que consolidar en esta próxima legislatura. En este sentido, el Gobierno tiene como hito la creación de una agencia de atención integrada social y sanitaria, un espacio de gobernanza conjunto que actualmente está en proceso de concreción y que estamos liderando conjuntamente el Departamento de Salud y el Departamento de Derechos Sociales. Serán líneas de trabajo entre otros, la atención integrada social y sanitaria al entorno domiciliario o el modelo de atención residencial en Cataluña.
Hemos preguntado a las administraciones públicas que colaboran en el VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre cuáles son las lecciones aprendidas en materia de atención sociosanitaria a nivel estatal y cuáles serán los desarrollos futuros en esta materia, con especial énfasis en las políticas que se aplicarán.
“La integración de la atención sanitaria y social es uno de los grandes retos que tenemos. Con el incremento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y todas las necesidades que se derivan, es una realidad inaplazable. Por este motivo, una de las acciones clave del Gobierno de la Generalitat tiene que ser la creación de la Agencia integrada social y sanitaria, en la cual estamos trabajando los departamentos de Derechos Sociales y Salud.”
Josep Maria Argimon i Pallàs, Consejero de Salud, Generalitat de Catalunya. |
De la pandemia de la COVID-19, y de todas las situaciones que se derivan, no solo hemos extraído muchas lecciones y aprendizajes que resultarán clave en la hora de orientar la transformación del sistema de atención sanitaria y social, sino que se ha hecho evidente la necesidad de pasar a la acción.
En este sentido, se nos ha hecho evidente la necesidad de replantear el modelo de atención de larga duración, especialmente para aquellas personas más frágiles y con necesidades complejas de atención (personas grandes, con multimorbilidad y dependencia / discapacitado).
La integración de la atención sanitaria y social es uno de los grandes retos que tenemos en este ámbito. Un reto que no es nada nuevo -la Mancomunidad de Cataluña ya se lo planteaba hace un siglo, – pero que actualmente, con el incremento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población y todas las necesidades que se derivan, es una realidad inaplazable.
Por este motivo, una de las acciones clave del Gobierno de la Generalitat en esta legislatura tiene que ser la creación de la Agencia integrada social y sanitaria, en la cual estamos trabajando los departamentos de Derechos Sociales y Salud.
Entre otras cosas, la Agencia tiene que permitir realizar una planificación conjunta y disponer de un presupuesto unificado que permita alinear las estrategias y la prestación de los servicios sanitarios y sociales. A la vez, tiene que hacer posible la optimización de recursos, la generación de sinergias y la superación de la fragmentación de los procesos de atención -facilitando la transición entre servicios- y la compartición de instrumentos entre los profesionales de los diferentes ámbitos y recursos -sistemas de información, plataformas y canales de comunicación, planes de atención únicos, protocolos conjuntos…-.
Pero paralelamente al proceso de creación de la Agencia, y sin demora, hay que avanzar con acciones en tres ámbitos de actuación esencial: atención al ámbito residencial, atención al entorno domiciliario y en la comunidad y desarrollo de sistemas de información compartidos.
En el ámbito residencial, por ejemplo, avanzaremos en la integración de la atención sanitaria a las personas que viven en residencias por parte de los equipos de atención primaria, y extenderemos progresivamente el sistema eCAP en los centros residenciales.
Reforzaremos la atención domiciliaria y en la comunidad, implementando progresivamente el modelo de atención integrada al entorno domiciliario en todo Cataluña y potenciando las iniciativas territoriales. También desplegaremos la reconversión de la hospitalización psiquiátrica de larga estancia hacia un modelo de atención en la comunidad, que potencie la recuperación, la inserción y el apoyo en el entorno de vida de las personas con trastorno mental grave.
Finalmente, respecto a los sistemas de información compartidos, haremos posible la interoperabilidad entre los repositorios de los departamentos de Derechos Sociales y Salud, hecho que permitirá compartir los datos necesarios para el proceso de valoración y atención a las personas en situación de dependencia y discapacidad (informes clínicos, diagnósticos u otros). También continuaremos desarrollando la interoperabilidad de los sistemas de información de atención primaria de salud con los de los servicios sociales básicos.
Estas son algunas de las principales líneas de actuación de una legislatura donde la integración de la atención sanitaria y social será uno de los ejes básicos de actuación de los departamentos implicados en estas políticas, y en las que también integraremos a los entes locales.
