VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida: la visión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Hemos preguntado a las administraciones públicas que colaboran en el VIII Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida sobre cuáles son las lecciones aprendidas en materia de atención sociosanitaria a nivel estatal y cuáles serán los desarrollos futuros en esta materia, con especial énfasis en las políticas que se aplicarán.

“En la Comunidad de Madrid, tras una primera fase reactiva a la situación generada se produjo una sensibilización del sistema sanitario hacia las necesidades clínicas de las personas mayores institucionalizadas, se establecieron vínculos entre los profesionales de ambos entornos asistenciales y las autoridades sanitarias dieron instrucciones dirigidas a mejorar la coordinación y suprimir la fragmentación de los cuidados previa.”

Francisco Javier Martínez Peromingo, Director General de Coordinación Socio-Sanitaria. Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid

En España existen cerca de 367.000 plazas residenciales para personas mayores (PPMM) con una ocupación del 80%, con lo que casi 300.000 personas viven en ellas si bien estos centros tienen una característica predominante y es la marcada heterogeneidad de estos centros.

El estudio de la Fundación Edad y Vida que describe las características clínicas de sus residentes nos mostraba que los usuarios de estos centros tienen una elevada pluripatología (76% de los casos tienen ≥ 3 diagnósticos activos) y polifarmacia (el 66% toman ≥ 7 fármacos), inestabilidad clínica (cada año el 38% son derivadas a Urgencias) y terminalidad (el 43% fallecen durante el año). Al ingreso, 63% padecen deterioro cognitivo, 45% dependencia severa para las actividades básicas de la vida diaria, 55% malnutrición o riesgo de ella y 18% úlceras por presión.

En 2019 el Informe del Defensor del Pueblo de 2019 ya afirmaba que resultaban necesarias reformas normativas de alto alcance que garanticen a los mayores el ejercicio de sus derechos y que se prestase una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales. Se destacaban en ese Informe, la dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros, la escasez del número de plazas públicas, la necesidad de un aumento presupuestario y de incrementar las cifras de personal y su cualificación, así como la falta de regulación de un modelo Sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia.

Así pues, el panorama residencial ya mostraba múltiples problemas en condiciones habituales y sus carencias se agudizaron mucho más ante la llegada de la pandemia.

La situación sanitaria que provocó la pandemia de COVID-19 generó en el mundo una tensión que estuvo a punto de colapsar los servicios de salud y que puso en evidencia sus puntos débiles. Las personas mayores residentes en instituciones fueron víctimas frecuentes del nuevo virus. Incidieron en ellas una serie de coincidencias (institucionalización, fragilidad, dependencia de cuidados, enfermedades importantes) que los hicieron más vulnerables. Pronto se supo que el aislamiento de los casos sintomáticos no era suficiente, sino que había que hacer test a mayores asintomáticos, muy escasos entonces. Además, las personas mayores presentaban manifestaciones clínicas diferentes de las típicas, que dificultaban el diagnóstico. Las tasas de contagio nosocomial se dispararon en algunos centros y, aún peor, la letalidad de la infección también lo hizo.

En la Comunidad de Madrid, tras una primera fase reactiva a la situación generada se produjo una sensibilización del sistema sanitario hacia las necesidades clínicas de las personas mayores institucionalizadas, se establecieron vínculos entre los profesionales de ambos entornos asistenciales y, las autoridades sanitarias dieron instrucciones dirigidas a mejorar la coordinación y suprimir la fragmentación de los cuidados previa.

De esta manera se crearon dos figuras relevantes. Por un lado, la creación de la figura del geriatra de enlace, identificando en todos los hospitales un equipo referente para los centros sociosanitarios de su zona y, por otro lado, y formando unidades de trabajo con los geriatras y los responsables de salud pública de cada área, las unidades de atención a residencias (UAR) de Atención primaria.

Durante los meses posteriores a la primera ola y teniendo en mente los problemas que el aislamiento produce en las personas mayores institucionalizadas, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acometió un estudio de seroprevalencia, mediante obtención de niveles de inmunoglobulinas (IgG) y Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), que se ofreció a todos los residentes y profesionales de las residencias e instituciones para discapacitados de la Comunidad Autónoma y fue coordinado por la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria. Probablemente se trate del estudio más amplio en esta población, pues incluyó 517 centros sociosanitarios en los que se analizó a 55.542 personas. Los resultados globales arrojaron una tasa de seroprevalencia (IgG positiva) del 53% entre los residentes y del 37% entre los trabajadores. Se clasificó a los centros en tres categorías: inmunidad alta (> 70% de residentes seropositivos) el 26% de los centros, inmunidad media (del 50% al 70% de residentes seropositivos) el 28% de los centros e inmunidad baja (≤ 50% de residentes seropositivos) el 46% restante estableciéndose posteriormente una serie de criterios en relación con las salidas del centro y las visitas en función de estos resultados.

Todas estas medidas, si bien no aportan la solución de todos los problemas, si añaden un plus a la situación previa en la que la desconexión entre niveles y la fragmentación de cuidados constituían la práctica habitual.

Por todo ello, es urgente y necesario, el desarrollo de fórmulas organizativas que permitan la provisión de los servicios de forma coordinada y sinérgica, articulando los dispositivos sanitarios y sociales ya existentes de un modo eficaz, que den respuesta al nuevo modelo residencial que se quiere instaurar.

La Comunidad de Madrid está ya trabajando en este cambio del modelo hacia uno que incluya una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora.

Creemos que, si bien debemos entender a las residencias de personas mayores como los hogares de estas personas, no podemos vivir de espaldas al hecho de que el principal motivo por el que ingresa alguien en estos centros es la imposibilidad de mantenerse en el domicilio y que presentan problemas de salud cada vez más complejos, con alta demanda de atención sanitaria en muchos casos y con necesidad de cuidados multidisciplinares que se unen a la necesidad de recursos sociales.

Para ello, es fundamental establecer un sistema normativo y de financiación para la transformación, disminuyendo la fragmentación entre lo social y lo sanitario.

Más allá de los cambios que necesariamente deberá abordar a nivel estructural de los centros como el tamaño de los mismo o la transformación hacia unidades de convivencia desde el punto de vista sanitario será necesario:

– Establecer un Programa de Atención Domiciliaria a las residencias coordinado con AP, geriatría de enlace, Cuidados Paliativos Domiciliarios y Enfermería de Continuidad asistencial.

– Generalizar la cobertura geriátrica en los hospitales de agudos.

– Mejorar la derivación a las unidades de media estancia o convalecencia de aquellos pacientes que se benefician de su atención iniciando una transformación de los actuales hospitales de media estancia e,

– Implementar unidades de larga estancia en el sistema sanitario, estableciendo los criterios de derivación, perfiles de pacientes, coordinación entre los distintos recursos, estructura, funcionamiento.