La gran prioridad, las pensiones

Eduardo Rodríguez Rovira
Presidente de Fundación Edad&Vida

El pasado mes de septiembre el pleno del Congreso aprobó la creación de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo correspondiente a la XII legislatura para debatir fundamentalmente sobre la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Por su parte, en su discurso de investidura, el presidente Rajoy estableció como una de las prioridades de su gobierno la convocatoria de este Pacto. La Ministra Báñez ha señalado como ejes de su actuación dialogar y consensuar con moderación, crear empleo estable y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por último la semana pasada la comisión ha organizado el calendario de comparecencias. Efectivamente la prioridad es real.

Ya se anticipó que esta legislatura tenía que ser la legislatura del consenso por tratarse de un gobierno en minoría y el Pacto de Toledo es el mejor ejemplo histórico de un ámbito donde se ha tratado de evitar luchas partidistas y electorales con soluciones consensuadas. Estamos expectantes para ver el resultado de los debates que deberán traernos en la primavera una reforma razonable del sistema.

La gravedad de la situación es real. En un contexto en que la Comunidad Europea nos exige rebajar el fuerte déficit global –el mayor de Europa- el déficit del sistema este año es de 1,7% sobre el PIB, aunque se espera que en 2017 disminuya al 1,4%, cifra que podría mejorar si aumentara más de lo previsto el empleo y fuera de mayor calidad. Este déficit se produce en la partida más importante de nuestras cuentas públicas. En el futuro próximo la inevitable llegada a la jubilación de la generación del babyboom es una realidad que será insoportable financieramente, si no se toman medidas a tiempo. No parece que estemos ante una crisis transitoria.

Una opinión extendida es la del traspaso de las pensiones no contributivas del régimen de Seguridad Social al Presupuesto General, que nos recuerda el traspaso de la sanidad realizado en 1989, aunque en el caso actual esté más justificado por la no contributividad. Esto significaría necesariamente un aumento de impuestos.

Nos preocupa que muchas de las soluciones que se aportan se van desviando del concepto de un régimen de seguros pagados con las cotizaciones de los trabajadores, que deberían tener derecho a un fondo personal exigible (razón de ser del sistema de pensiones consistente en reducir el consumo y gasto en la edad activa para recogerlo con sus acumulaciones en la edad pasiva) a un sistema de protección social pagado con tributos a fondo perdido, en el que el principio de la contributividad se va diluyendo.

Seguramente la mejor solución a este problema será una combinación de todas las alternativas propuestas hasta ahora. La posibilidad de seguir trabajando después de la jubilación a la edad oficial, anunciada por Báñez, es una buena propuesta pues permitirá salir a la luz trabajos hasta ahora fiscalmente opacos (cerca del 15% según  estudios españoles y de Eurostat), proporcionando mayores ingresos al sistema. Es una iniciativa defendida de siempre desde estas líneas.

La creación de cuentas nocionales, conocidas por sus titulares, en las que se registran las contribuciones de cada individuo y a las que se les atribuye un interés virtual, que cuando se produce la jubilación se convierten en un conjunto de anualidades basadas en la esperanza de vida de su cohorte de edad, son compatibles con el régimen de reparto, pero se asemejan al sistema de los fondos de pensiones sin alguno de sus inconvenientes y recuperan el concepto de seguridad y ahorro. Existen en numerosos países o está siendo estudiada su implantación en países tan heterogéneos como Suecia o China.

La  tendencia que se observa en nuestro entorno es la de que esté garantizada una pensión mínima y se favorezca el ahorro, individual o a través de las empresas, incluso con aportaciones obligatorias. Según una reciente encuesta de Edad&Vida, 45% de los españoles mayores de 65 años tiene dificultades para llegar a final de mes y el 70% de los pensionistas sólo tienen como fuente de ingresos la pensión pública. Estimular el ahorro para la jubilación es una asignatura pendiente en España. El Pacto de Toledo lo debería tener en cuenta.