¿Cómo ha evolucionado el perfil del cuidador familiar en España?

Evolución del perfil de los cuidadores: Persistencia de un modelo de cuidado familiar

En España, como en otros países del sur de Europa, el apoyo y cuidado a las personas en situación de vulnerabilidad se fundamenta socialmente en la familia, mientras el papel del Estado es más reducido e incluso ha disminuido a raíz de la crisis económica. La participación del cuidado informal, provisto por la familia, ha sido tradicionalmente muy importante y lo sigue siendo. Más del 80% de los cuidadores principales de mayores de 65 años con limitaciones para ejercer actividades de la vida diaria son familiares, y más de la mitad de ellos cohabitan en el mismo hogar. Aunque la evolución reciente de la organización del cuidado a estas personas sugiere una externalización del entorno doméstico y un cierto aumento del cuidado formal, esto no significa la sustitución del cuidado familiar, sino su complementariedad. Contribuyendo, parcialmente, a aliviar la dedicación de la atención provista desde el entorno familiar. A raíz de la crisis se está produciendo una desinstitucionalización del cuidado, al tiempo que dos procesos paralelos de mercantilización y desmercantilización amplían la brecha social en el acceso al servicio de cuidados y están devolviendo la responsabilidad de la atención personal a la familia.

A pesar de la tendencia a la diversificación y complementariedad de las fuentes de cuidado, cuando se identifica una persona como cuidador principal se asume que esta provee la mayor parte, cuando no toda, de la atención personal que precisa la persona cuidada. Los cuidadores principales de las personas de 65 a 79 años son sus parejas, que se encuentran en edades no activas o próximas a la jubilación. Pero entre los más longevos (de 80 o más años), que son quienes precisan una mayor atención tanto en términos de prevalencia de sus limitaciones como de su gravedad, la mayoría son atendidos por sus descendientes, sobre todo las hijas, que están en edades activas.

En una sociedad cada vez más envejecida y con mayor participación de las mujeres en el mercado laboral se plantea un potencial conflicto acerca de la sostenibilidad de ese modelo de provisión. La relación entre el cuidado de familiares y la participación laboral es compleja. Un estudio previo señala que la asunción del rol de cuidador afecta negativamente a la ocupación, y que este impacto es superior sobre los hombres, mientras que en las mujeres deja sentir su efecto sobre la ocupación cuando las horas dedicadas al cuidado superan las 40 semanales. Esto es debido a que las mujeres llevan combinando ambas tareas mucho más tiempo y, por lo tanto, su efecto queda diluido mientras que en los hombre la afectación se debería a la novedad de su dedicación al cuidado familiar. Se ha mostrado que el trabajo de cuidado a los mayores, además de comprometer la salud o las relaciones sociales, también dificulta la conciliación con el trabajo productivo: uno de cada cuatro cuidadores informales declaró en 2008 que las exigencias del cuidado no le permitían trabajar fuera de casa.

La conocida como Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) se desarrolló con el propósito de reestructurar el sistema de atención a la dependencia en un escenario de cambio demográfico, familiar y social. Estos cambios se traducían en transformaciones del modelo familiar y de convivencia, y de la tradicional división de género de los roles productivo y reproductivo, a medida que las sucesivas generaciones de mujeres se incorporaban cada vez más al mercado laboral, y no con la perspectiva de abandonarlo tras una posible unión y/o nacimiento de hijos. Por un lado, la ley ha visualizado y/o reforzado el papel de la familia cuidadora, y a la vez su rol de género, pues alrededor de la mitad de las personas en situación de dependencia se les ha concedido la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, que en caso minoritario asumieron hombres desempleados. Por otro, aunque la implantación de la Ley ha supuesto un avance en la provisión de atención, su recorrido se truncó por la crisis: los recortes presupuestarios de 2012 y las modificaciones introducidas desde entonces han supuesto una reducción del bienestar de los beneficiarios y una reprivatización y refamiliarización de los cuidados.

Fuente: Zueras, P., Spijker, J. y Blanes, A. (2018). Evolución del perfil de los cuidadores de personas de 65 y más años con discapacidad en la persistencia de un modelo de cuidado familiar. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 53, 66–72.