Las consecuencias del envejecimiento de la población española constituye un reto de futuro inmediato para nuestra nación. Se estima que, en el año 2026, el 24% de la población española tendrá una edad igual o superior a 65 años (aprox. 8.764.916 habitantes) y el 6,4% de la población se hallará en la franja de edad de 80 años o más (aprox. 2.312.000 habitantes). Las consecuencias, directas e indirectas, de una sociedad envejecida tienen implicaciones importantes a diferentes niveles: en la redefinición del sistema y cuantía de la retribución de pensiones; en el desarrollo de políticas de inmigración que favorezcan el crecimiento de la población activa joven; en el replanteamiento de la edad de jubilación, en la modificación de las fuerzas laborales; en la alteración de los patrones de consumo y de la estructura de mercado.

No obstante, aún debe mejorarse el abordaje de las oportunidades y los problemas asociados al proceso del envejecimiento poblacional por parte de la sociedad en general, y en especial de las administraciones públicas. El envejecimiento, es la etapa de la vida que potencialmente más tienen que ofrecer y recibir las personas de este colectivo y debería visualizarse de manera positiva. Aunque las administraciones públicas son conscientes del cambio en las necesidades cualitativas y cuantitativas de una población envejecida, pero en buen estado de salud y mayor esperanza de vida; deberían ya hoy plantearse de manera formal cómo dar una respuesta cohesionada e integral a estos retos. Hoy en día un proceso natural y multifactorial como es el del envejecimiento – consecuencia de diversos factores que pueden acelerarlo o enlentecerlo y que, a su vez, afecta a múltiples aspectos del entorno social y económico de la persona mayor – se aborda de manera fraccionada por distintos estamentos sectoriales.

Sin embargo, resulta del todo evidente que, dado el contexto económico actual de nuestro país, el sector público no puede asumir como único agente la carga financiera que representa dar una respuesta eficaz a estos retos. El desarrollo y la puesta en marcha efectiva de actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores no será posible sin que exista una colaboración entre el sector público y el privado. El éxito en la respuesta a los retos económicos y sociales del envejecimiento de la población pasa por la co-responsabilización y el equilibrio entre estos dos sectores.

Ello requiere que se creen y se definan instrumentos que faciliten y potencien la concertación entre todas las partes. Por ello, es necesario crear un marco de dialogo sobre cómo se deberían distribuir las responsabilidades y cuáles serían los parámetros de colaboración entre el sector público y el privado. Este foro de discusión quiere llevar a la definición de actuaciones, tanto de carácter normativo como de otro tipo, que establezcan las reglas del juego bajo las que deberían actuar ambos sectores con el objeto de contribuir a mejorar la respuesta política y empresarial a las necesidades y demandas de la gente mayor. Edad&Vida ha nacido para facilitar este diálogo.