La sostenibilidad del sistema de pensiones se ha convertido en un asunto de Estado de complicada resolución a largo plazo, acuciado por el envejecimiento poblacional, la baja tasa de fecundación, el deterioro de la empleabilidad, la falta de equilibrio entre contributividad y prestaciones, y los perpetuos números rojos de la Seguridad Social -solo resueltos por las constantes aportaciones del Estado-. Con este oscuro panorama, el Banco de España avisa de que serán necesarias más actuaciones para afrontar el alza de gasto en pensiones y la introducción de “mecanismos automáticos de ajuste” que sirvan para compensar el sistema según sus necesidades, alineándose con las criticas lanzadas desde la Unión Europea por sus dudas sobre la sostenibilidad del sistema.
Así lo ha defendido el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, en el II Foro de Envejecimiento, en el que ha reclamado medidas correctoras adicionales para hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional y ha instado a dotar al sistema de una “mayor transparencia y previsibilidad”, con objeto de ofrecer “certidumbre a los ciudadanos y de facilitar su toma de decisiones”.
Los dos socios de Gobierno, PSOE y Podemos, pactaron en el proyecto presupuestario de 2023 un gasto de 190.787 millones de euros para el sistema de pensiones, con la que se afrontará la revalorización de las pensiones contributivas al 8,5% a partir de enero de 2023, solo pendiente del dato medio del IPC anual. Este incremento ha llevado las dudas a la Comisión Europea, que ha vuelto a advertir que la reforma de las pensiones debe garantizar la sostenibilidad automática a medio y largo plazo, algo que debería cumplir el Ejecutivo al ser uno de los hitos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación y que activa la llegada de los fondos de ayuda.
En concreto, las dudas de las autoridades comunitarias se activaron tras la derogación de dos de los aspectos fundamentales de la reforma de 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy: el índice de revalorización, que limitaba las subidas al 0,25% en situaciones de déficit público y que ahora se ha indexado el IPC como valor de referencia, y el factor de sostenibilidad, sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) -que aporta 0,6 puntos de las cotizaciones sociales a la hucha de las pensiones-, y que Bruselas ya ha informado de que le parece “insuficiente”.
En el mismo sentido, Gavilán ha alertado de que las medidas de compensación presentadas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no bastarán para cubrir todas las necesidades del sistema. “El mayor gasto futuro en pensiones asociado a la derogación del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad no ha sido compensado aún en su totalidad por las nuevas medidas introducidas recientemente”. Por ello, el responsable económico del supervisor ha reclamado “reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando un nivel suficiente para los hogares más vulnerables”. Junto a ello, aboga por que se “analizar en profundidad las consecuencias redistributivas y de la equidad intergeneracional con las reformas planteadas”. Según defendió, estas medidas compensatorias deberían llevar aparejadas los citados “mecanismos automáticos de ajuste que adapten algunos parámetros del sistema a los cambios que se produzcan en las dinámicas demográficas y económicas”.
Gavilán entiende que la reforma impulsada por Escrivá tampoco resuelve los retos que plantea el cambio demográfico, por lo que ha vuelto a reclamar que se analicen las consecuencias y las causas de la baja tasa de fecundidad en España; que se adecúe la política migratoria a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo; que mejore la empleabilidad de los trabajadores a medida que envejecen, que se incorpore una verdadera política laboral a la inmigración y que se impulsen unas condiciones laborales más flexibles.
Pero Escrivá no comparte esta visión del Banco de España y durante la rueda de prensa para presentar el avance de afiliación del mes ha rechazado la necesidad de contar con “válvulas de escape” y con mecanismos que permitan ajustar la revalorización. El ministro ha defendido que “la Seguridad Social está financiando perfectamente esta subida de inflación. No hay un problema de desequilibro financiero. El sistema de pensiones es equitativo y solidario. No veo la necesidad de introducir clausulas de escape”, ha zanjado.
Noticia original publicada el 19 de octubre de 2022 en La Razón.